Andrés Pedreño[1] (twitter @andrespe2008) y Miguel Ángel Sánchez[2] (twitter @MASG). Grupo de investigación EnClave Sociológica. Sociología en cuarentena: https://sociologiaencuarentena.tumblr.com/
La crisis vírica ha puesto de manifiesto un buen número de contradicciones relativas a los territorios de la ruralidad española. En esta columna nos referiremos a dos tipos-ideales de ruralidad, los cuales a su vez representan los dos extremos de la polarización fragmentada que caracteriza al mundo rural español.
Por un lado, la ruralidad del interior y de la montaña, la cual sufre desde los años 60 un importante declive demográfico y la ausencia de dinámicas de desarrollo que la doten de soporte material, pero que, paradójicamente, se ha visto revalorizada socio-ecológicamente en la actual crisis sanitaria por dos motivos. El primero, la baja densidad demográfica característica de este territorio, que ha imposibilitado la circulación del virus y ha actuado de colchón protector de las regiones más pobladas. El segundo, y en relación con lo anterior, es que la población española a la hora de optar por definir sus destinos vacacionales en el actual contexto restrictivo dada la amenaza vírica está privilegiando estos territorios rurales por sus características de baja densidad poblacional y alto valor ecológico, paisajístico y de calidad de vida. Es decir, la ruralidad más abandonada por las políticas públicas, la más desatendida en cuanto a servicios e infraestructuras, sin embargo, en la actual crisis sanitaria se revela como un territorio esencial y estratégico.
Imagen 1. Fuentecantos (Soria). Fuente: RTVE.
Una parte de esta ruralidad forma parte de lo que en los últimos años se ha definido como “España vacía” o, más recientemente, “España vaciada”. Ambas son fórmulas válidas para alertar sobre el abandono de estos territorios rurales, pero que sin embargo no da cuenta de varios procesos importantes: es una ruralidad que siempre tuvo una baja densidad demográfica y de ahí su valor ecológico; es una ruralidad dominada por los grandes centros metropolitanos donde se concentra la actividad económica, la cual ha extraído precisamente de esa ruralidad la fuerza de trabajo requerida para sus procesos de acumulación; y finalmente, es una ruralidad que desde hace unas décadas experimenta una cierta revitalización demográfica por el asentamiento de familias de origen inmigrante extranjero. De tal forma que los problemas de fondo de esta ruralidad tienen que ver con la desigualdad social y territorial que caracteriza a la geografía española. Quizás con la actual crisis sanitaria ha llegado el momento de reconocer el valor de calidad que estos territorios tienen y su función estratégica para la ecología-vida, de tal forma que se sustituya la lógica depredadora de sus recursos por una política de reconocimiento y dotación de servicios y derechos a esta población rural.
Imagen 2. Protestas en Madrid de la Plataforma España Vaciada en marzo de 2019. Fuente: El Mundo.
En el otro extremo de la polarización fragmentada de la ruralidad española, están los territorios de la agricultura intensiva de exportación, fundamentalmente localizada en la vertiente mediterráneo-atlántico. Son territorios insertos de forma periférica dentro de las cadenas globales agrícolas y que concentran mucha mano de obra inmigrante extranjera para las tareas de recolección de las cosechas. Estos trabajadores fueron considerados “esenciales” durante el estado de alarma sanitaria por la pandemia de la COVID-19, lo cual posibilitó una visibilización de la precariedad y desafiliación de estos trabajadores. Al tiempo, se puso de relieve una problemática de salud pública ya que las condiciones precarias y de desafiliación que experimentan como trabajadores y trabajadoras del campo –especialmente las que tienen que ver con el transporte colectivo a los lugares de trabajo y el alojamiento en infraviviendas o asentamientos masificados– les imposibilitan estructural y subjetivamente el cuidado de sí mismos, lo que les ha empujado a protagonizar numerosos brotes víricos por toda la geografía estatal una vez finalizado el periodo de confinamiento. Según el Ministerio de Sanidad, a fecha de 23 de julio del presente, “el segundo grupo de brotes más frecuente son aquellos que ocurren en el ámbito laboral (alrededor del 27% del total), entre ellos, los brotes relacionados con trabajadores del sector hortofrutícola en situaciones de vulnerabilidad social son los más frecuentes, con al menos 27 brotes identificados y más de 410 casos”.
Imagen 3. Trabajadores agrícolas migrantes en Lleida (Cataluña). Fuente: El País.
Esto ha puesto de relieve un problema de reconocimiento y una lógica de desprecio. De tal forma que “la nueva normalidad” se está viendo salpicada de un buen número de “luchas por el reconocimiento” protagonizadas por los asalariados inmigrantes con reivindicaciones que abarcan desde el reconocimiento de sus derechos laborales (subida del SMI y otros), habitacionales (alojamientos dignos) hasta el reconocimiento de la residencia legal en el país mediante un proceso de regularización extraordinaria. Su visibilización como trabajadores “esenciales”, y el contraste con su existencia desafiliada y precaria, les ha posibilitado un proceso de acumulación de capital simbólico con el que desarrollar estas luchas por el reconocimiento. Una lucha por el reconocimiento que interpela por igual al empresariado agrícola y las distintas administraciones públicas locales, regionales y estatales implicadas.
Imagen 4. Cartel de la convocatoria de la manifestación de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM). Fuente: ATIM.
Esta problemática que la crisis sanitaria ha hecho emerger amargamente, permite preguntarnos sobre la caracterización sociológica de esos márgenes de las cadenas globales agrícolas que conforman el trabajo desafiliado en las exitosas y competitivas regiones agroexportadoras de la vertiente mediterráneo-atlántico española. Son figuras sociales expulsadas del centro de la economía y sociedad agroexportadora, pero forman parte del funcionamiento normal de esas esferas. De tal forma que lo que se aprecia desde estos límites intersticiales de las cadenas globales agrícolas es un conjunto de elementos y rasgos específicos de una lógica organizativa de “empujar gente fuera” (Saskia Sassen) que está continuamente poblando sus márgenes de expulsados. No es solamente la decisión de un individuo, una empresa o un gobierno, por muy poderosos que puedan ser, lo que condiciona esas expulsiones, sino “un conjunto mayor de elementos, condiciones y dinámicas que se refuerzan mutuamente” y que Saskia Sassen propone denominar “formación predatoria”. Entendidas las cadenas globales agrícolas como una formación predatoria nos permite entender sus efectos no solamente en los asentamientos informales de Lepe y Almería o en las furgonetas de las ETTs que llevan jornaleros al campo, sino también captar cómo muchos de esos trabajadores inmigrante que hoy subsisten en los campos españoles vienen de una larga historia de expulsiones que hunde sus raíces en la misma historia de los países de los cuales un día emigraron. La expulsión es una sistematicidad constitutiva de la nueva economía global agroalimentaria.
En definitiva, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha hecho emerger la contradictoria realidad de la ruralidad española, cada vez más polarizada y fragmentada. Sin embargo, la sociedad hoy tiene más razones que antes de esa crisis para cambiar de rumbo y solucionar las desigualdades rurales que se han puesto de manifiesto.
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[1] Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Murcia.
[2] Sociólogo predoctoral en el Departamento de Sociología, Universidad de Murcia.
