Durante la campaña del proceso constituyente hemos reconocido a diversos candidatos con discapacidad en la franja televisiva, lo cual refleja el éxito del acuerdo para que al menos el 5% de quienes forman parte de las listas tengan alguna discapacidad.
Sin embargo, este primer avance en la incorporación efectiva en la participación política de personas con discapacidad debiera acompañarse de otras acciones que aseguren que la principal norma jurídica del país tenga el carácter inclusivo con el que se ha comprometido el Estado de Chile al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se encuentra vigente.
Abordar el proceso constitucional desde un enfoque inclusivo no responde solamente a las necesidades de las personas con discapacidad, ya que permite repensar la forma en que hacemos política, y particularmente, cómo podemos hacer participar de manera más amplia y activa a la ciudadanía. Esta reflexión no es sino compleja, en tanto requiere revisar el modo en que opera la relación entre política y sociedad, no obstante, en lo que refiere pensar desde la discapacidad, el mínimo con el cual se debe comenzar ha de ser la incorporación de las mismas personas con discapacidad en todo ámbito de decisión.
Llama la atención que el Servicio cuya finalidad es “promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad”, el SENADIS, no haya desarrollado campañas que incentiven el voto, sobre todo en escuelas y residencias para personas con discapacidad, guías que orienten respecto de cómo apoyar este proceso en los locales de votación, la planificación de acciones de capacitación para los convencionales constituyentes, entre otros. Si bien ha habido iniciativas orientadas a la comunicación de este proceso, estas son insuficientes para una población cuya magnitud es cerca del 20% del total del país.
A este respecto, SENADIS debe ser capaz de transmitir la relevancia de la discapacidad en la administración y el gobierno, así como responder comunicacionalmente de manera articulada y oportuna.
Pero no es sólo el Estado el que tiene que ser interpelado por la forma en que ha abordado durante la presente coyuntura política a las personas con discapacidad: los partidos políticos, y en particular su cúpula dirigencial, han demostrado desde el 18 de octubre una desconexión con la realidad de los chilenos que ha contribuido a la presente crisis de representación.
Esto bien podría empezar a cambiar si es que se incluyera en la plana directiva de los partidos políticos mayor diversidad, es decir, si se desarrollaran mecanismos de representación que se hicieran cargo de la exclusión que históricamente han sobrellevado grupos como las personas con discapacidad. Pero la limitada gama de experiencias que han vivenciado muchos de los actuales políticos no se expresa sólo en la menor cantidad de personas con discapacidad al interior de los partidos, también debieran desarrollarse mecanismos de representación que incluyen diversidad de clase, género, etnia, orientación sexual, entre otros.
Los partidos políticos históricamente han tenido un déficit de participación y representación de personas con discapacidad, y mientras esto se mantenga así difícilmente se incorporarán perspectivas, propuestas y políticas públicas accesibles e inclusivas. Esto implica cuestionarse también qué tipo de proyectos políticos sustentan actualmente a dichos partidos, el tipo de país al que se aspira a construir.
Hacer política inclusiva invita a reflexionar respecto de lo que entendemos por igualdad y cuáles son sus implicancias para la construcción de una comunidad nacional, de los apoyos que cada persona necesita para realizar sus proyectos de vida en un mundo crecientemente interdependiente, y con ello revitalizar una democracia que se encuentra en crisis.
En ese sentido es necesario que la nueva constitución, independientemente de quien conforme la Convención, garantice e incorpore principios básicos que respeten los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y los compromisos adquiridos por el Estado de Chile. A este respecto, debiera contemplar como mínimo:
● Infraestructura accesible.
● Intérpretes en lengua de señas.
● Accesibilidad para personas con discapacidad visual (uso de softwares, braille, etc.)
● Entre otros.
De igual manera, la Constitución debiera redactarse en un formato de lectura fácil, que permita que aquellas personas con discapacidad intelectual que lo requieran participen de manera plena en la comunidad política.
La accesibilidad debe ser entendida como un proceso constante y dialogante, en el que la disposición a adaptarse a las necesidades de diversos ciudadanos sea permanente: a través de la realización de ajustes razonables se cautela la participación plena de personas con discapacidad en el proceso constituyente. La accesibilidad universal no es solamente la eliminación de barreras para la inclusión, es una condición para que el proceso se ajuste a un estándar de derecho, y, en consecuencia, que sea legítimo en su origen y desarrollo.
En otras palabras, en tanto no se piense el proceso en cuanto a todos y cada uno de los desafíos que requiere la accesibilidad universal, considerando la diversidad de la ciudadanía, los procesos dialogantes de los constituyentes simplemente no consideran como válido y legítimo que las personas con discapacidad sean parte de este.
Además de asegurar la accesibilidad universal, es necesario que el nuevo texto constitucional reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Esto no obedece de manera exclusiva a la necesidad de reconocimiento simbólico de un colectivo de personas, sino que responde a una deuda con un grupo que ha sido históricamente excluido de espacios fundamentales de bienestar y participación, como la educación, el trabajo, la salud, y la vivienda, entre otros.
La consigna “nada de nosotros sin nosotros” no es un eslogan. Muy por el contrario, resume la experiencia de muchas personas con discapacidad que han visto cómo su trayectoria de vida ha sido definida por otros, ya sean especialistas médicos, funcionarios de gobierno, empresarios e incluso familiares. Muchas veces estas definiciones han sido guiadas por estereotipos y prejuicios que no los reconocían como sujetos autónomos ni conocían los apoyos que necesitaban para desplegar su potencial. En ese contexto, es necesario reconocer las demandas que los propios activistas con discapacidad han desarrollado bajo la forma de decálogo (1). Los planteamientos ahí realizados deben ser conocidos y discutidos por todos los constituyentes.
Responde también a la necesidad de actualizar un marco jurídico que limita, restringe, o anula la voluntad de las personas con discapacidad. Ejemplo paradigmático de esta situación es la interdicción, es decir, la pérdida de la capacidad jurídica, por ejemplo, para ejercer el derecho a sufragio, suscribir contratos, casarse, administrar bienes, entre otros. La declaración de incapacidad jurídica llega incluso a amparar acciones que SENADIS ha descrito como “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” en el caso de la esterilización no consentida de personas con discapacidad.
Finalmente, la importancia de la discapacidad para el proceso político constitucional no recae solo en el valor de representar una identidad particular, sino que promueve la reflexión respecto a los desafíos y transformaciones que requiere la participación política y social en su totalidad. Esto implica dejar de lado la visión de la discapacidad como un tema anexo, y entenderlo como un tema transversal que, sea cual sea el resultado del proceso en cuanto a la elección de constituyentes, el diálogo constitucional ha de atenerse a un marco de derechos humanos que obligue a las leyes a responder efectivamente a ese estándar, ha de resguardar la accesibilidad en todo ámbito, entendiendo la necesidad de promover mecanismos de participación que corrijan desigualdades y exclusiones históricas.
(1) Compromiso Candidaturas por la Inclusión y la Discapacidad [disponible en: https://www.docdroid.net/Qh48lcb/compromiso-candidaturas-por-la-inclusion-y-la-discapacidad-pdf]
