Desarrollo urbano y derecho a la vivienda

Por Constanza Silva Álvarez*

A modo de reflexión sobre lo urbano como reflejo de la morfología social, y la ciudad, como escenario de lo urbano (Rodríguez, 2016) notamos cómo la planificación urbana, la política de vivienda social y las dinámicas del mercado de suelo urbano chileno, han brindado una ciudad en la que prima el valor de cambio por sobre el valor de uso, en torno a la generación de plusvalía, y la construcción del lucro. Pormenorizando la relación de la ciudad y su espacio urbano como escenario fundamental para la organización de las sociedades (Márquez, 2014).
De este modo, y como consecuencia de lo descrito, la producción habitacional en Chile, paso de ser una herramienta de desarrollo urbano estatal, orientada a satisfacer y mejorar la experiencia del habitar, a, ser un activo de inversión económica, orientada a dinamizar el capital privado, esto, bajo el respaldo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, (2014) la cual establece los principales lineamientos urbanísticos del desarrollo urbano y la producción habitacional.
En este sentido, las dinámicas de los mercados de suelo urbano han brindado nuevas perspectivas de inversión en torno a la producción y oferta de viviendas, transformando la planificación urbana en un escenario cargado de flujos e intercambios económicos, en donde destacan principalmente la comercialización de viviendas en el mercado de ventas y en el submercado de arriendos.
Así, según los datos obtenidos en la encuesta CASEN, 2017 notamos que un 60,4% de la población nacional declara tener una vivienda propia, mientras que un 21,9% menciona que habita una vivienda en arriendo.
En este contexto y de acuerdo a la distribución de los hogares, según situación de tenencia de la vivienda por quintil de ingreso autónomo per cápita, destaca que para el quintil I el porcentaje de viviendas propias alcanza un 61,3% y el de arriendo un 13,3%, mientras que en el quintil V el porcentaje de viviendas propias alcanza un 58% y el de arriendo un 32,2%. Por ello podemos deducir que el mercado de venta de viviendas opera bajo la demanda de dos tipos de inmuebles: 1) viviendas de altos estándares urbanísticos, destinadas a los grupos menos vulnerables económicamente y 2) viviendas de bajos estándares urbanísticos asequibles económicamente a los quintiles más bajos de la población. (Labbé, 2020).
Por otro lado, se desprende que el mercado de arriendo brinda una posibilidad cada vez más atractiva a los hogares chilenos, esto considerando que desde el año 2006 hasta el año 2017 esta modalidad aumento de un 15,6% a un 21,9% de hogares arrendatarios, alcanzando un total de 1.270.483 viviendas. (CASEN, 2017)
De igual modo resalta que la política nacional de desarrollo urbano no ha logrado satisfacer el déficit habitacional, el que a nivel nacional para el año 2017 fue de 739.603, viviendas, mientras que la Región Metropolitana alcanzo un total 314.488 viviendas deficitarias, lo que representa un 11% de la población regional. A su vez, el 6,5% de las viviendas a nivel nacional presenta algún grado de hacinamiento, cantidad que alcanza al 8,1% de viviendas a nivel Metropolitano, lo que en términos cuantitativos significa un total de 270.714 viviendas. (CASEN,2017)
De este modo, ante un Estado promotor de la expansión urbana y con ello, de la segregación residencial, mediante la mercantilización de la producción habitacional en manos del sector inmobiliario, resalta la carencia de estructuras que potencien y refuercen las dinámicas del habitar, como respuesta a los profundos problemas de acceso a la vivienda, al hacinamiento y la falta de habitabilidad, que ha caracterizado, al menos desde hace cuatro décadas, a los sectores más vulnerables del área Metropolitana de Santiago.
Ello, nos lleva a reafirmar, en palabras de Maturana, (2017), citando a Ducci, (1997); Sabatini y Arenas, (2000), que el predominio del mercado como mecanismo de coordinación de los usos de suelos urbanos, sistematizan y reproducen una ciudad segregada y debilitada.
De esta manera, la presente columna brinda un análisis predictivo sobre zonas estructuralmente vulnerables ante la depredación inmobiliaria, esto, como respuesta a la reciente crisis de habitabilidad manifestada primeramente en el llamado estallido social del 18 de octubre del 2019 y su posterior reafirmación con la crisis sanitaria producida por el COVID-19, en donde la pandemia dejo al descubierto el rol social que adquiere la vivienda y la integración de ésta a niveles adecuados de habitabilidad y equipamiento urbano.
A su vez, dicho escenario socio-político contribuyó aún más a ratificar la incapacidad del actual sistema de desarrollo urbano para dar sostenibilidad a las demandas de habitabilidad del área Metropolitana de Santiago, esto producto de las profundas problemáticas que presentaron, por ejemplos, los asentamientos informales a la hora de cumplir la cuarentena establecida, en pos de frenar el contagio por COVID-19, en donde las condiciones de habitabilidad evidenciaron serios problemas en torno a los niveles de hacinamiento, materialidad de la vivienda, equipamiento urbano, entre otros ( González Guajardo y Vergara 2020).
Este escenario, ha evidenciado una producción social del espacio urbano, segregado y segmentado, incapaz de asegurar el derecho a la vivienda como garantía constitucional, producto del proyecto político-económico que asegura y perpetua el derecho a la propiedad, lo que ha resultado, por ejemplo, en la acumulación de inmuebles habitacionales por parte de personas naturales, quienes intervienen en las dinámicas de oferta y demanda, afectando de esta forma el funcionamiento del mercado habitacional, incrementando los precios de compra, arriendo y subarriendo.
Así la producción urbana en Santiago, orientada a la oferta de escenarios favorables a la inversión privada, con una reglamentación institucional que apunta a un sector particular y, a su vez, con intereses privados por sobre los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los, y las habitantes, que mercantilizan el acceso a una vivienda digna, han resultado en una ciudad Metropolitana polarizada, dominada por flujos económicos, con regímenes de relacionismo social determinados por la capacidad económica de quienes participan en el mercado de suelos (De Mattos, 2004), esto, a pesar de que, si bien Santiago es una ciudad cargada de flujos globales, hay procesos de producción del espacio que actúan de manera local y que promueven profundas transformaciones urbanas, donde las relaciones de clase y propiedades adquieren mayor significado (Delgadillo, 2016)
Por tanto, cabe destacar, mediante un estudio realizado por quien escribe, bajo la conducción de la ONG Observatorio Citè, que la comuna de Macul presenta un escenario expost de lo ocurrido en algunas comunas pericentrales de Santiago (López, 2013), esto respecto a los resultados de los permisos de edificación otorgados en la comuna, y la flexibilidad de su Plan Regulador Comunal, el que si bien ha modificado sus condiciones urbanísticas sobre densidades y alturas de edificación, se ve expuesto, -mayoritariamente en los núcleos de alta concentración de servicios y conectividad-, a procesos de depredación inmobiliaria, ello se corrobora al considerar que para el año 2019 Zoom Inmobiliario pública que “gracias a una multiplicidad de servicios, conectividad y una privilegiada ubicación de ha ido transformando en un nuevo foco de desarrollo inmobiliario.” O a saber queColliers Inmobiliaria, menciona que, para el período 2018-2022, la comuna está en el top tres de la que concentrarán la mayor cantidad de unidades en venta.
Por otro lado, destaca la disponibilidad de suelo que tiene la comuna para ser reconvertido y/o densificado, en donde además operan los mecanismos asociados al aumento de brecha de renta, lo que contribuye a aumentar aún más los precios de las viviendas ofertadas, producto de la coalición público-privada, encargada de gestionar y mejorar los territorios urbanos en base a la inversión pública, favoreciendo al incremento de la capitalización privada, al aumentar las plusvalías producidas por el aumento del valor del suelo producto del mejoramiento urbano impulsado por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, (2014). Las que adicionalmente no tienen un retorno a las arcas del Estado.
Por ello cabe concluir que el actual funcionamiento y desarrollo de las políticas públicas, en concordancia con la participación del sector privado en la planificación urbana, brindan un escenario hostil ante la concepción de una ciudad equitativa e integrada a los territorios que la componen. A su vez, queda en evidencia la concatenación estructural de los escenarios urbanos para con los lineamientos normativos que los sostienen, lo que por un lado permiten y perpetúan los escenarios de marginalidad, mientras que por otro lado brindan la oportunidad para concebir nuevos paradigmas de desarrollo urbano, ante la generación de herramientas públicas que sean el reflejo de las dinámicas locales que conforman una red de conexiones globales.

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*Constanza Silva Álvarez es Licenciada en Geografía de la Universidad de Chile

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