Gricel Labbé C.
La discusión referente a la iniciativa de incluir 30% de vivienda social en proyectos inmobiliarios, se ha estado llevando a cabo en el parlamento y cada vez toma más adeptos en el mundo político y académico.
La evidencia da cuenta de una alta segmentación del precio del suelo en las ciudades chilenas. Dicha situación explicaría el aumento en las cifras de allegamiento y hacinamiento (1.150.000 personas a nivel nacional) y también el resurgimiento de los campamentos durante la última década (40.501 familias según Techo).
El principal problema que busca palear esta iniciativa tiene relación con el “acceso” a suelo urbano, es decir, lograr la articulación entre viviendas, cercanía a trabajos, y diversos equipamientos y servicios, en vez de seguir expandiendo la ciudad con viviendas sociales a la periferia distante.
La propuesta de Ley surge con el objetivo de revertir la dinámica de construcción de viviendas sociales en la corona de crecimiento más alejada de la ciudad, tal es el caso de las comunas como Lampa, Melipilla, Talagante, Padre Hurtado, las cuales se han convertido en nuevos frentes donde el capital financiero se logra anclar espacialmente.
Si bien han habido iniciativas para la localización de viviendas sociales en espacios consolidados, como ocurrió en el caso de Recoleta con el proyecto de arrienda y Las Condes con el proyecto de la rotonda Atenas, el problema de la “supuesta” escasez de terrenos para localizar este tipo de residencia en el país no se soluciona con voluntades individuales o con miradas sesgadas afincadas en ideologías y políticas naturalizadas que se respaldan en diagnósticos académicos e investigativos sesgados (campo ciego).
La política viviendista no ha sido capaz de solucionar el problema cualitativo del habitar, y el cuantitativo cada vez crece más. Esto se produce por que el Estado gasta cómo máximo 4 UF en localización, excluyendo al casi 70% del suelo en este caso de Santiago. Lo que ocurre es que la especulación financiera producida por grandes consorcios inmobiliarios se transforma en exclusión social para miles de familias, endeudamiento para la clase media, y acumulación para unos pocos.
La discusión ha resaltado principalmente el valor de suelo, ya que el principal problema del déficit ha sido el cómo financiar dichos espacios. Dentro de las propuestas que han surgido se plantea la captura y movilización de plusvalías urbanas desencadenadas de intervenciones públicas, que actualmente están siendo capitalizadas exclusivamente por propietarios privados. Esto quiere decir, aplicar un impuesto a la venta, generar un re-avalúo del impuesto territorial o exportar modelos de captura de plusvalía de otros países de la región. La aplicación de un mecanismo de captura significaría tener un fondo que permita comprar y consolidar un banco de suelos público que logre concretar la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, la idea de la captura de plusvalías nunca ha visto la luz, y se ha quedado en el eterno academicismo.
Actualmente los planteamientos a través del globo, han ido avanzando y probando nuevas herramientas que logran incorporar como parche la vivienda social en los re-desarrollos urbanos que se están generando, en la lógica de la densificación, ejemplo de esto es el caso de Barcelona, donde se aprobó la medida que obliga a los constructores a dedicar el 30% a vivienda protegida, a raíz de que anualmente los bancos desahucian a 15.000 residentes de viviendas en las cuales no pueden pagar sus hipotecas, el aumento del valor de los arriendos debido al arriendo turístico ilegal y a que un 40% de las viviendas son compradas para inversión y no para residir. Esta medida busca revertir la situación que con el auge del turismo ha desencadenado un escenario crítico.
Sin embargo, como Observatorio CITé creemos que la discusión debe apuntar más hacia la estructura, debemos eliminar el campo ciego que se genera respecto a la información circundante de los mercados de suelo y vivienda, para empezar a comprometernos con el manoseado derecho a la ciudad. Debemos trabajar sobre diagnósticos que permitan observar las relaciones de poder existentes (discursos y prácticas) con el fin de accionar colectivamente frente a la propiedad de la tierra, siendo esta el principal impedimento, ya sea para comunidades y/o gobiernos locales, que desean al menos hablar de integración.
