Gricel Labbé, Geógrafa, Magister en Desarrollo Urbano.
Pedro Palma, Geógrafo. Magister en Desarrollo Urbano.
Matías Dewey, es sociólogo e investigador permanente en el Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades, Colonia, Alemania. Su trabajo de investigación, con eje en el conurbano bonaerense, se concentra en los mercados ilegales, las organizaciones criminales y las agencias estatales. El libro “El orden clandestino” se estructura en ocho apartados en los cuales define, analiza y describe cómo opera la estructura estatal paralela e ilegal en las zonas liberadas de Buenos Aires.
En Argentina, la política y las fuerzas de seguridad se encuentran fusionadas por la esperanza de una taja de los negocios ilegales más prometedores que se dan bajo su alero. Se trata de mercados de bienes o servicios cuya producción, distribución o consumo se encuentran oficialmente prohibidos pero que desencadenan regulaciones al margen de la ley, lo que el autor denomina “el orden clandestino”.
En su obra Dewey nos invita a preguntarnos, sí en los países de la región se necesita ¿más o menos Estado? este cuestionamiento se ve anclado en territorios de aparente laxitud punitiva como: las áreas tomadas por el narcotráfico o sectores de comercios ilegales, pero que en realidad esconden férreas regulaciones ilegales, que han sido acordadas de manera ilegítima, entre agentes del Estado y las bandas.
El orden clandestino, título del libro, aparece cuando el Estado Argentino adopta comportamientos mafiosos. Es decir, para el autor, no habría diferencias entre el Estado y un grupo mafioso, entendiendo que la mafia es una empresa económica dedicada a la venta de protección privada. En Argentina dicho servicio estaría siendo dado por el Estado, pero de una manera diferente.
¿Qué tipo de protección es la que ofrece el Estado argentino? La respuesta es que este se ha especializado en comerciar la suspensión de la aplicación del derecho, el cual consiste en suspender temporariamente el Estado de derecho. Las policías son pieza clave en este orden, que ponen a disposición su capacidad para bloquear la aplicación de leyes y reglamentos en un mercado alimentado por una demanda considerable que va desde el automovilista que soborna al policía para evitar una multa hasta el narcotraficante que necesita territorios liberados para su operación.
Sí bien es fundamental el rol de las policías, la mercancía de la protección no podría circular sin la participación u omisión intencionada de políticos, agentes del sistema judicial, del servicio secreto y de aduanas, entre una amplia red que opera en todo el territorio (Ferias, caminos, comisarias, tribunales, etc.).
Esta búsqueda permanente de recursos se encuadra en un contexto más amplio en el cual, además del beneficio personal de quién brinda la protección, es decisiva la necesidad de financiar actividades políticas cada vez más costosas como son las campañas.
Así, la venta de servicios ilegales por parte del Estado en territorios donde está “ausente” le reporta poder. “La venta de protección es un mecanismo que permite la intervención gubernamental en sectores de la sociedad en donde la autoridad formal del Estado se encuentra neutralizada” (p.33). Estas intervenciones según el autor podrían ayudar a resolver conflictividades locales o generar ganancias políticas.
El autor evidencia que puestos públicos o funciones en órganos regulatorios están íntimamente vinculados a redes personales, estructuras paralelas que actúan por fuera de normas oficiales. Y el control de dichas redes significa, asimismo, el control de circuitos formales. Para la sociedad chilena esto no es ajeno, donde el golpe periodístico dado por Informe Especial “Los tentáculos narco de la municipalidad de San Ramón” patentizó el nepotismo y también los vínculos entre funcionarios públicos del municipio y redes de narcotráfico de la comuna. Estos funcionarios controlan tanto los circuitos formales, e informales, pero también así el territorio.
En el tercer capítulo del libro llamado El método, Dewey evidencia cómo opera la red, que va más allá del abuso de atribuciones de funcionarios que pertenecen a una institución estatal. La complejidad de estos vínculos “significa un aceitado entrelazamiento entre demandas específicas de emprendimientos criminales y el despliegue gubernamental de una variedad de mecanismos tendientes a responder a la demanda de protección” (p.40).
Así Matías evidencia que en Argentina y en otros lugares sugiere la existencia de un tercer tipo de protección, que es la que provee el Estado, pero de manera ilegal, y que, a través de sus diversas agencias, les vende protección a dos clientes, ciudadanos y delincuentes, cuyos intereses son exactamente opuestos.
Pero dicha protección policial, es muy singular, puesto que está dirigida a anular la aplicación de la ley a ciertas personas y en determinados territorios. En el caso chileno, se ha documentado que se aplica la ley de forma desigual, en determinados contextos como las fronteras. En el caso argentino, esta protección defiende a los delincuentes del mismo Estado. Es decir, no venden protección, sino inacción. Esta inacción sería el principal mecanismo de formación de zonas liberadas, espacios que se crean mirando “hacia otro lado” pero que en realidad requiere muchos esfuerzos. En el caso chileno si bien no se encuentra incorporada la noción de Zonas Liberadas, sí existe el concepto de zona Marrones (O´Donnell, 1993) para hacer referencia territorios donde el Estado no penetra.
El cuarto capítulo del libro, esboza la regulación del orden clandestino, que como se adelantó no es que no existan normas, es un espacio social “hiperregulado”. No es ausencia de Estado la que estructura este orden, sino es una falta de Estado de derecho. Así el autor utiliza la frase que resume la situación: El orden clandestino es, de tal modo, un orden paralelo. El orden clandestino está tan regulado que existen cuotas de cantidad de autos robados tolerados por comisaría o el pago a un soplón que avisa a policías de un cargamento de drogas no autorizado.
Así el concepto que emerge de este orden clandestino es la excepción, la cual brota del encuentro entre oferentes y compradores. Su costo va más allá del precio, sino que es la desprotección del individuo como sujeto jurídico de cualquier derecho anterior que tuvo.
Ahora bien, no todos los mercados ilegales son iguales. Y esas diferencias están dadas por la aceptación social que tengan los productos que son objeto de intercambio. La mayor o menor tolerancia moral del producto en juego afecta a las características del mercado. Claramente el tráfico de niños tiene menos tolerancia versus la venta de camisetas falsificadas.
El quinto capítulo ejemplifica como es en la práctica el orden clandestino, para ello el autor utiliza el concepto de “Polea extractora de recursos”, la cual define al proceso de recaudación que beneficia desde el oficial hasta el comisario. Y en otros casos, como en los mercados menos tolerados y más ilegales, el dinero extraído se dirige al financiamiento de campañas y carreras políticas.
El sexto capítulo narra el operar de uno de los mercados con menor aceptación social y donde se establece el orden clandestino: el mercado de los autopartes (desarmadurías) y vehículos robados. Y no hay dudas que las actividades vinculadas a este mercado son sólo posibles debido al modo en que las instituciones se involucran en él. “La ilegalidad comienza en el momento del robo y continúa durante la comercialización y la venta de vehículo o las partes. La línea de producción que requiere protección ilegal abarca tres momentos: cuando los vehículos son robados, cuando se desmantelan u en el momento de la venta de autopartes. Fue posible identificar tres formas de proteger estos tramos en el negocio” (p.82)
La liberación de espacios territoriales de la injerencia de controles y de la imposición de normas, también conocida como la liberación de zonas, es otra de las formas más efectivas de venta de protección. Estas zonas son los lugares en donde ocurre el robo, los desarmadores o donde se venden las partes. Pero también es importante la protección de informantes, pieza clave de las zonas liberadas. No son pocos los comisarios que compran información relativa a cargamentos con drogas, que les permiten ganar ascensos o premios, pero también viceversa, policías que venden información de decomisaciones o allanamientos.
En el último capítulo hace referencia al caso de estudio, que es la localidad de La Salada y al mercado informal de la vestimenta. La Salada corresponde a un sector comercial de Buenos Aires con cerca de 2.915 puestos emplazados en la calle y 4.907 en predios cerrados. Pero esta forma de mercado se ha replicado por todo el país como “saladitas” y es un modelo de negocio basado en tres elementos: “la informalidad, evasión e ilegalidad que permite mejorar márgenes de ganancia; el interés político en mantener ocupada a la población y en fomentar el consumo; y la imperiosa necesidad de trabajo de una población poco calificada que difícilmente podría encontrar trabajo en el mercado formal” (p.100).
Así los beneficiarios de recaudaciones son los empresarios a cargo de ferias como La Salada, los policías que cobran abiertamente a los puestos callejeros e incluso grandes trasnacionales como Nike, Topper, Adidas, que cobran mes a mes a los productores ilegales de La Salada. Con esto no se elimina la actividad económica ilícita sino que se le pone un impuesto.
Consideraciones finales
El orden clandestino es un fenómeno de la vida cotidiana, que emerge en cada rincón donde el Estado aparentemente mira para otro lado, en él participan por igual todos los partidos políticos. Aquí las agencias gubernamentales funcionan de forma similar a la mafia: se protegen de controles, sanciones o persecuciones que debería realizar el mismo Estado.
La protección ilegal ha permitido el florecimiento de negocios basados en las regulaciones oficiales ha desencadenado el surgimiento de nuevas actividades, negocios y mercados secundarios que para funcionar vuelven a requerir protección ilegal. Es un proceso de reproducción que al parecer no tiene fin y ha ido de manera creciente, diversificando sus productos.
Pero ¿quiénes son los mayores afectados?, claramente los sectores marginados de la ciudad, que se exponen a la experiencia de un Estado brutal, sumamente violento, pero también corrupto, aliado con el narco o mercaderes ilegales, que los dejan completamente desamparados. Pero otros grupos, como los consumidores tienen la experiencia de un Estado que es facilitador de bienes y servicios prohibidos. Pero en cualquiera de los dos casos, lejos de advertirse una ausencia del Estado se comprueba su omnipresencia.
Finalmente, en el contexto de marginalidad urbana avanzada en la región se caracteriza por la carencia infraestructurales severas y exclusión del mundo laboral, pero también la creación de zonas liberadas que ha sido decisiva para el florecimiento de instituciones informales.
Matías Dewey nos ínsita a visualizar la emergencia de nuevas formas de autoridad, nuevos mecanismos de coordinación entre actores y estrategias novedosas de extracción de recursos. Esto en un espacio social donde el Estado le interesa extraer recursos y actuar de forma punitiva.
