Por Ignacio Arce.
A fines de enero pasado desde el Ministerio de Obras Públicas se presentó una indicación sustantiva a la modificación al Código de Aguas que lleva varios años tramitándose en el Congreso, la cual actualmente se encuentra en discusión en la Cámara del Senado.
Uno de los aspectos más polémicos de tal indicación va en el orden de materializar como “indefinidos” a cerca del 10% del total de los Derechos de Agua que actualmente pueden ser transados en el mercado, indicación contraria a la reforma al Código de Aguas impulsada en el segundo gobierno de Bachelet, que establecía la caducidad de las concesiones de estos derechos tras 30 años desde su adjudicación.
Este señalamiento no solo va en contra del tibio intento de resguardo público del agua que se heredó de la administración anterior, también va en contra de las recomendaciones de expertos y grupos ambientales que discuten sobre la urgente necesidad de volver a considerar el vital recurso en vista a su función socio-ecológica por sobre el derecho privado y las oportunidades que genera para el libre mercado.
Por una permanente pérdida de memoria social y recurrente actitud cortoplacista de las autoridades, hay que tener siempre en cuenta algunos elementos sensibles para esta discusión; Chile es el único país en el mundo donde el mercado define el acceso y gestión del agua, al mismo tiempo es uno de los más afectados por el cambio climático y la futura disponibilidad hídrica. Y lo que es más grave, no existen en la actualidad políticas ni planes generales para el manejo de cuencas hidrográficas, un cierto dejo institucional que deriva en lamentar escenarios de descontrol que da como resultado que durante los últimos 10 años la sobreexplotación, el aprovechamiento ilícito y el mal manejo del recurso haya generado que cerca del 75%, de 101 cuencas que registra el Código de Aguas, mostraran signos de estrés hídrico.
La sobreexplotación y sus consecuencias son posibles de observar desde las extensas plantaciones de paltos y el “cartel del agua” de Petorca, que llamó la atención de la prensa alemana, hasta los paisajes artificiales en los entornos siempre verdes de Chicureo y sus condominios cerrados adornados con lagunas artificiales. Precisamente, en la Región Metropolitana, hacia donde avanza el desierto de norte a sur, el problema se está haciendo crítico. Desde finales del año pasado se han realizado simulacros a nivel institucional para enfrentar escenarios de sequías prolongadas o por el corte del suministro por un fenómeno hidrometereológico. Mientras tanto, diversas zonas rurales dependen cotidianamente de camiones aljibes como única respuesta de los gobiernos para reemplazar esteros y pozos secos.
Según la discusión llevada a cabo por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la situación en algunas partes del país e incluso la de Santiago no dista mucho de Cuidad del Cabo, que estuvo durante el año pasado al borde del desabastecimiento y dependiente a la suerte de los elementos para evitar una crisis socioambiental.
Es propio argumentar entonces que, respecto al problema del agua en Chile, el Estado está frente a un tema extremadamente complejo donde pareciera que les da la espalda a los ciudadanos, comunidades, así como a sus entornos ambientales, y mira hacia el sector económico empresarial donde siempre ha existido una relación más “fluida”. No podemos sorprendernos después cuando ciertos sectores privilegiados de la sociedad que convenientemente trabajan transitando entre el Estado y el empresariado, concentran y expanden su propiedad y sus derechos, haciendo que los mercados como el agua y el suelo, por ejemplo, sean opacos y particularmente desiguales, distorsionados por la especulación impune a gran escala empleada por el sector social dueño de la riqueza y la información.
Este sector social conoce la complejidad de este problema que nos concierne a todos y sí toma cartas en el asunto en un campo de acción donde ellos tiene una influencia desproporcionada. Los diferentes gremios que están interesados en tener “certeza jurídica” sobre la propiedad privada y absoluta del agua; la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, operadores de termoeléctricas, el sector inmobiliario residencial, y algunos canalistas/ propietarios menores, son los agentes que en Chile concentran la mayor cantidad de Derechos de Agua, ellos son los que exigen “certeza jurídica” para sus intereses privados y cuentan con un aparato tecno-político y comunicacional que les permite influir en la política y configurar discursos. Este aparato obliga al ministro actual a llegar a tener que distinguir públicamente la perpetuidad de la infinitud…
Si bien esta última indicación no es la más importante que ha afectado al Código de Aguas y a la historia de la autoritaria privatización hídrica en Chile, es una señal que debemos interpretar con hastío y preocupación frente a la recurrente perspectiva de los gobiernos representativos, evidentemente cortoplacista y no enfocada en la fragilidad socio-ecológica de Chile. Sepultando la realidad necesidad de aceptar y promover legalmente que el agua tiene una función humana, social y ambiental tan innegable como vital, esta modificación al Código es una señal cargada con una indolente despreocupación y directamente maltrato al bienestar socio-ecológico de su propio país que se está secando. Para qué hablar de un evidente resguardo a la sobreexplotación con características de clase sobre un recurso vital para nuestro futuro.
La problemática del agua en Chile es todavía un clamor invisibilizado pero incontenible en un futuro cercano, probablemente el temor al desabastecimiento y a la crisis generará más consciencia sobre este problema, y allí el Estado reaccionará, como siempre. Por lo tanto, nos queda pensar desde las comunidades locales y barriales para tomar organizadamente nuestras propias acciones, antes de caer en el eterno complejo de valorar nuestros entornos y sus recursos cuando ya los hemos perdido.
