Por Ignacio Arce Abarca
Geógrafo de la Universidad de Chile
Durante esta semana apareció en la prensa el lanzamiento de la llamada Inmobiliaria Popular en Recoleta, iniciativa liderada por su alcalde Daniel Jadue, y que busca materializar en marzo de 2019 un proyecto de 38 viviendas para el arriendo mediante subsidio, ampliable en una segunda etapa a 90, para enfrentar el alto grado de personas en condición allegada y población migrante en estado de hacinamiento en la comuna.
La iniciativa destaca por posicionar al Municipio como desarrollador de un proyecto inmobiliario que en términos habitacionales plantea superficies amplias comparadas al promedio del mercado, con un sentido arquitectónico armónico con el entorno al ser de 4 pisos, y que aproveche los beneficios de la centralidad urbana al estar ubicados cerca de líneas de metro y servicios.
Hasta ahora esta iniciativa ha despertado el abierto interés de las autoridades de Las Condes, Macul, Renca y Valparaíso quienes planean articular proyectos con características similares, incentivando la capacidad del municipio para ser un agente activo dentro del desarrollo inmobiliario local. Es una actitud bastante diferente a la que tradicionalmente ha tenido el Estado y los municipios frente a este problema desde las últimas décadas, porque el criterio que orienta a la Inmobiliaria Popular es social y no es su rentabilidad económica.
Guetos verticales de Estación Central
Fuente: La Nación
Cuando prima la rentabilidad respecto al desarrollo urbano terminamos por presenciar lo sucedido con los conocidos “guetos verticales” en Estación Central, un caso más o menos reciente que muestra el ineludible papel que tiene el Estado como actor inmobiliario, ya sea con una actitud pasiva al no contar con planificación urbana local sumado a la inexistencia de una autoridad para la regulación urbana metropolitana, o con una actitud activa comúnmente pro mercado, donde si bien no es recurrente que el Estado gestione y materialice un proyecto, éste suele articulerse para abrir posibilidades para el negocio inmobiliario allí donde no existía. Lamentablemente estos casos abundan, porque el Estado y el sector empresarial siempre han sabido dialogar y llegar a acuerdos, sobre todo cuando hay altas expectativas de inversión y retorno en un contexto de libre mercado.
Algunos ejemplos claros y emblemáticos donde el Estado a través de diferentes escalas ha jugado un papel activo como agente inmobiliario pro mercado, directamente en favor de la rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios, son la “renovación urbana” de Santiago y la expansión urbana metropolitana a través de la planificación condicionada. Cada una ha provocado irreversibles transformaciones a la ciudad y merecen ser reconocidas como experiencias que no debiesen volver a ocurrir.
En el primer caso el municipio jugó un papel activo desde la década de 1990 hasta fines del 2000 para organizar la demanda y convencer a la oferta, creando un buen clima para el negocio inmobiliario privado conformando bancos de terrenos y manipulando la planificación urbana local para abrir oportunidades de inversión, a partir de allí se densificaría el eje de Santa Isabel y el Centro Histórico hasta, el algunos casos, llegar a la saturación. Mientras que el en segundo caso, el MINVU gestionó una nueva política pública para permitir a grandes empresas inmobiliarias dueñas de extensos terrenos en la Provincia de Chacabuco, construir megaproyectos en sectores antiguamente rurales. La existencia de exclusivos sectores como Chicureo, encuentran origen en los sucesivos arreglos hechos al Plan Regulador Metropolitano de Santiago desde fines de la década del 1990 a la actualidad.
Laguna artificial Ayres de Chicureo, ubicada en la comuna de Colina
Fuente: Inmobiliaria Aconcagua
De esta forma, hay una tradición bastante amplia del Estado como agente inmobiliario con un sentido pro mercado. Lo interesante de la Inmobiliaria Popular es que plantea una forma diferente de pensar el desarrollo urbano y allí radica la resonancia mediática que ha tenido, aun cuando sean iniciativas puntuales pero orientadas a intentar responder a problemáticas sociales que son una consecuencia directa de la feroz privatización y mercantilización del desarrollo urbano en Chile, promoviendo el derecho a la ciudad y fortaleciendo alianzas de cooperación públicas-civiles, de esas que escasean en la historia política social del país.
Se deben valorar en conjunto estas iniciativas, al menos el interés por imaginar un desarrollo urbano no basado en su rentabilidad económica, esperando que estas iniciativas no sean una isla de progreso social en un mar de libre mercado, porque al posicionar el derecho colectivo a la vivienda y a una ciudad digna se comienza a discutir la deuda histórica del Estado chileno respecto la calidad social de los espacios urbanos. La Inmobiliaria Popular de Recoleta demuestra que cuando existe voluntad política no hay excusas ni barreras para enfrentar problemáticas urbanas complejas, en vez de privilegiar el enriquecimiento personal de los desarrolladores inmobiliarios. También incita a retomar los espacios de tomas de decisiones y exigirle al Estado adoptar sus funciones sociales en términos de planificación y desarrollo urbano con y para los ciudadanos. Solo así estas iniciativas puntuales tendrán proyección en el futuro remeciendo el paradigma de urbanismo neoliberal que abunda en la actualidad.
